Ximo Puig se niega a revelar el accionariado de la empresa a la que dio 140.000 euros en subvenciones

El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, se niega a revelar el accionariado de la empresa a la que dio 140.000 euros en subvenciones. El PP valenciano ya ha comunicado que llevará a la Fiscalía la subvención de 140.000 euros del Consell de Puig a la empresa Carns de Morella.

Ahora, la negativa de Ximo Puig a proporcionar la información de los accionistas que han entrado en esta sociedad mixta que opera en el Ayuntamiento del que fue alcalde el propio Puig -Morella- complica aún más el asunto. En primer lugar porque la Justicia ha ordenado ya que se apliquen los criterios mínimos de transparencia en la sociedad y eso incluye, por supuesto, la comunicación de los accionistas. Y en segundo lugar, porque el PP avisa ya que continuará la batalla legal hasta el final.

La acusación del PP se basa en un posible caso de prevaricación por haber concedido una ayuda de 140.000 euros sin el más mínimo informe de utilidad pública ni control. Y por haberlo sobre una empresa de la que poco se sabe salvo que acumula unas pérdidas cuantiosas –casi 350.000 euros de resultados negativos entre 2014 y 2016– y que se desconoce el accionariado concreto pese a ser una sociedad mixta con mayoría de capital público.

El PP acudirá a la Fiscalía para realizar todas estas reclamaciones tras acabar de ganar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana (TSJCV) «que pone en duda la ayuda a esta entidad privada”. Hay que recordar que la empresa en cuestión, un matadero de Morella, es una sociedad mixta ubicada en el municipio del que fue alcalde Ximo Puig.

La historia de esta polémica se remonta a hace más de dos años. El Pleno del Consell del 29 de octubre de 2015 aprobó el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2016. Dentro de esas cuentas se encontraba una línea nominativa de subvenciones a favor de Carns de Morella SL por valor de 140.000 euros. Los responsables del Grupo Popular en el Parlamento valenciano solicitaron ya en aquel momento al Consell información relativa a esta subvención, que, al menos aparentemente, carecía de cualquier justificación social o cultural que avalase el supuesto interés público de la ayuda.

La respuesta del Gobierno de Ximo Puig fue clara: una negativa en toda regla a proporcionar la información solicitada. El Consell de Puig, eso sí, se dio por avisado. Con el temor de que la noticia acabase en las portadas de los medios, introdujo a través de una enmienda una modificación de la línea nominativa de subvenciones para el matadero de Morella y la sustituyó por una más genérica, más disimulada, que fue la que se finalmente se aprobó en los Presupuestos regionales.

Los equipos jurídicos de la Generalitat valenciana se han negado sistemáticamente a dar más información porque carecía de interés el tema, según su argumentación.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia tumbó ya esta afirmación y la negativa a proporcionar información sobre la empresa. El Tribunal ha exigido la puesta a disposición de esa información y el cumplimiento de los trámites de transparencia, dentro de los cuales, se encuentra obviamente la información sobre los accionistas.